Un nuevo horizonte para el profesorado asociado

Un nuevo horizonte para el profesorado asociado

Las universidades públicas, entre ellas la Universitat de València, tienen graves problemas para hacer una planificación y gestión de su profesorado adecuada a las necesidades del servicio público que se nos ha encargado. Estos problemas son especialmente críticos desde 2012, con el Decreto Wert y la legislación de estabilidad presupuestaria, que prohíbe aumentar la plantilla estructural e impone una tasa de reposición que solo permitía convocar un 10% de las plazas de profesorado vacantes por jubilación, y que hasta el año pasado consideraba como nuevas plazas la promoción interna del profesorado acreditado a categorías superiores. Todo esto en un contexto de reforma de los títulos universitarios y con el correspondiente aumento de necesidades de recursos docentes.

Este marco restrictivo ha hecho que las universidades públicas recurran de forma excesiva a una figura de contratación temporal que la legislación universitaria había previsto para otras finalidades: el profesorado asociado. La Ley Orgánica de Universidades dice que este profesorado se contratará entre ‘especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario’ indicando que ‘la finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes’, con un contrato ‘de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial’. Esta figura no estaba prevista para cubrir necesidades coyunturales de docencia (como la sustitución de excedencias y bajas) y aún menos necesidades estructurales, y tampoco para iniciar una carrera académica, ya que no incluye la investigación entre sus finalidades.

Pero el marco normativo y presupuestario impuesto a las universidades públicas no ha permitido afrontar adecuadamente las necesidades docentes con plazas estables o con contratos de sustitución a tiempo completo. Y no ha ayudado nada el hecho de que la Comunitat Valenciana no disponga de un marco legislativo universitario propio para abordar los problemas reseñados, ni de una financiación adecuada. En este sentido, Andalucía tiene una ley de Universidades, un convenio colectivo entre la Junta, las universidades públicas y los sindicatos, y una Mesa General de Universidades que acaba de anunciar un plan para la mejora de las condiciones laborales del profesorado sustituto (que allí sí que está regulado) y asociado. Estos mecanismos no existen aún en nuestra comunidad autónoma, si bien las universidades públicas y los sindicatos vienen trabajando desde hace año y medio en la negociación de un convenio colectivo con la Conselleria de Educación, prácticamente finalizado, en el que se abordan mejoras para todo el personal contratado.

Este marco autonómico de negociación y regulación es la opción viable y realista para abordar las soluciones a la precaria situación del profesorado asociado, que pasan por la incorporación de una figura de profesorado para sustituciones, a tiempo completo y con salario adecuado. En dicho marco debe mejorarse la claramente insuficiente remuneración salarial del profesorado asociado, inicialmente para equipararla a la universidad valenciana con mejor retribución (lo que en el caso de la Universitat de València supone unos tres millones de euros anuales) para progresivamente, y como situación deseable, equipararla a la de TEU a tiempo parcial (lo que supone más de diez millones de euros anuales). Pero nuestra Universitat no puede consolidar estas cuantías con el presupuesto actual, ya que dedica a gastos de personal el 99,9% de la subvención ordinaria de la Generalitat.

Es cierto, el recurso al profesorado asociado ha sido prácticamente la única solución a las necesidades de profesorado en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en este contexto de restricciones y en un momento de implantación de los nuevos planes de estudio, y la Universitat de València las ha sufrido especialmente por su carácter de mayor universidad del sistema valenciano. Pero atribuir la responsabilidad de la situación del profesorado asociado a la Universitat de València es ignorar el contexto en que esta situación se ha producido. Las decisiones en materia de profesorado no han sido una ‘política neoliberal radical’, sino que se han tomado de forma acordada y casi unánime en todos los órganos de representación, negociación sindical y gobierno de nuestra universidad. Decisiones colectivas, democráticas, trabajadas desde el diálogo y el consenso, que han buscado siempre priorizar las situaciones más vulnerables, como la estabilización del profesorado ayudante doctor que tras años de dedicación completa a la Universitat se veía abocado a abandonarla. O como la negociación que en junio de 2012 impidió que casi 400 asociados perdieran su trabajo como resultado de la aplicación del Decreto Wert.

Somos conscientes de la situación precaria que el profesorado asociado está viviendo en los últimos años. Situación que, como ha afirmado el presidente de la Conferencia de Rectores, es un problema prioritario para las universidades españolas. Por nuestra parte, nos comprometemos a trabajar en las reivindicaciones del profesorado asociado, como uno de los colectivos más precarizados, para mejorar su situación laboral con propuestas responsables y realistas, propuestas que ya hemos puesto encima de la mesa y que hemos hecho públicas en la web de nuestra candidatura.

Mavi Mestre y Ernest Cano

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